El Gobierno impulsa nuevos cambios en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU): prórrogas extraordinarias de hasta dos años, límites a la actualización de las rentas, regulación del alquiler de temporada y habitaciones y nuevas obligaciones para los propietarios. Te explicamos qué medidas están vigentes y cómo afectan al mercado inmobiliario de Madrid.
El mercado del alquiler, vuelve a experimentar cambios legislativos importantes. El pasado 12 de noviembre de 2026, la Diputación Permanente del Congreso convalidó el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, que incorpora nuevas medidas destinadas a regular el mercado del alquiler, reforzar la protección de los inquilinos y modificar determinadas obligaciones de los propietarios.
Sin embargo, no todas las propuestas del Gobierno han salido adelante. El Congreso rechazó otro decreto, el Real Decreto-ley 28/2026, que contemplaba una renovación automática de los contratos por nuevos periodos de cinco o siete años.
Por tanto, conviene diferenciar entre las medidas que ya forman parte de la normativa vigente y aquellas que finalmente no han prosperado.
Desde RE/MAX Action, analizamos las principales novedades y explicamos qué deben tener en cuenta propietarios e inquilinos antes de firmar, renovar o finalizar un contrato de alquiler.
- Prórroga extraordinaria del alquiler: hasta dos años adicionales
Una de las medidas más relevantes, es la posibilidad de solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de alquiler de vivienda habitual.
Esta medida afecta a los contratos que estaban vigentes cuando entró en vigor el Real Decreto-ley, el 8 de octubre de 2026, y cuyo periodo de prórroga obligatoria, prórroga tácita o, en su caso, tácita reconducción finalice antes del 31 de diciembre de 2028.
Para poder beneficiarse de esta medida:
- El contrato debe encontrarse dentro de los supuestos temporales establecidos por la norma.
- El inquilino debe estar al corriente del pago del alquiler y haberlo estado mensualmente durante los ocho meses anteriores.
- La prórroga debe solicitarla expresamente el arrendatario.
- Se puede conceder por anualidades, hasta un máximo de dos años adicionales.
Durante ese periodo se mantienen las condiciones del contrato vigente.
¿Puede el propietario negarse a esta prórroga?
Como regla general, no. El arrendador deberá aceptarla cuando se cumplan los requisitos legales.
No obstante, existen excepciones. Entre ellas:
- Que propietario e inquilino acuerden otras condiciones.
- Que ambas partes formalicen un nuevo contrato.
- Que se acuerde un nuevo contrato o renovación con una reducción de al menos el 5 % sobre la renta vigente.
- Que el propietario comunique debidamente la necesidad real y acreditada de recuperar la vivienda para sí o para los familiares previstos legalmente.
Es importante recordar que, esta prórroga extraordinaria, no es una renovación automática e indefinida: tiene requisitos concretos y debe solicitarla el inquilino.
- Actualización de la renta: límite extraordinario del 2 %
Otra de las medidas que afecta directamente a propietarios e inquilinos, es la limitación extraordinaria de las actualizaciones anuales de los alquileres.
Para las anualidades de actualización comprendidas entre la entrada en vigor del decreto y el 31 de diciembre de 2027, se establecen dos escenarios:
Primer supuesto: la renta supera el límite máximo del sistema de índices de precios de referencia.
En este caso no se podrá aplicar ningún incremento de renta.
Segundo supuesto: la renta no supera dicho límite.
Las partes podrán negociar la actualización. Si no alcanzan un nuevo acuerdo, el incremento no podrá superar el 2 %.
Esta medida tiene un alcance importante, porque afecta a los contratos de vivienda sujetos a la LAU cuya actualización anual corresponda dentro del periodo indicado.
Por tanto, los propietarios deben revisar las fechas de actualización de sus contratos y no aplicar automáticamente el porcentaje que venían utilizando.
Conviene distinguir este límite extraordinario del IRAV (Índice de Referencia para la Actualización Anual de los Contratos de Arrendamiento de Vivienda), que continúa siendo la referencia legal para las actualizaciones ordinarias en los términos establecidos por la LAU.
- El alquiler de temporada estará sujeto a mayores controles
El alquiler de temporada es uno de los ámbitos en los que se introducen cambios más significativos.
Hasta ahora, esta modalidad se utilizaba para cubrir necesidades temporales, como desplazamientos laborales, estudios, tratamientos médicos o estancias por motivos personales.
La nueva regulación, pretende evitar que se utilicen contratos temporales para encubrir alquileres de vivienda habitual y eludir las garantías de la LAU.
A partir de ahora:
- El contrato deberá identificar expresamente la causa que justifica la temporalidad.
- Esa causa tendrá que ser real y acreditable.
- La carga de acreditar su existencia corresponderá al propietario.
- La duración deberá superar los 31 días y, como regla general, no exceder de 12 meses.
La norma contempla que pueda superarse ese plazo cuando persista la causa de temporalidad, siempre que esté debidamente justificada.
Además, si el contrato no recoge una causa de temporalidad debidamente acreditada, perderá su condición de contrato temporal y quedará sometido al régimen del alquiler de vivienda habitual, con efectos retroactivos desde su formalización.
También se considerará vivienda habitual cuando se supere injustificadamente el plazo de 12 meses o se sucedan más de dos contratos temporales consecutivos entre las mismas partes y sobre la misma vivienda.
¿Qué significa esto para los propietarios?
Ya no será suficiente con denominar un contrato «de temporada» o establecer una duración inferior a un año.
Será necesario justificar documentalmente el motivo de la estancia temporal y conservar la documentación que permita acreditar esa circunstancia.
La correcta calificación del contrato, será esencial para evitar conflictos y posibles responsabilidades.
- Alquiler por habitaciones: límite a la suma de las rentas
El alquiler por habitaciones también queda expresamente regulado.
La nueva normativa establece que, la suma de las rentas de todas las habitaciones alquiladas simultáneamente en una misma vivienda, no podrá superar la renta que correspondería al alquiler de la vivienda completa.
Por ejemplo:
Si una vivienda podría alquilarse íntegramente por 1.200 euros mensuales, el propietario no podrá obtener 1.600 euros mediante el alquiler individual de sus habitaciones.
Además, cuando la vivienda se encuentre en una zona de mercado residencial tensionado, deberán respetarse los límites de renta establecidos para esas zonas.
Esta medida pretende evitar que, el alquiler por habitaciones, se convierta en una fórmula para incrementar artificialmente los ingresos del propietario y sortear los límites de precios.
- Los gastos de gestión inmobiliaria y determinados impuestos no podrán repercutirse al inquilino
La normativa refuerza las obligaciones económicas que corresponden al propietario.
Los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato, no podrán repercutirse al arrendatario, ni directa ni indirectamente.
La prohibición comprende los servicios relacionados con la preparación, formalización, gestión, novación o renovación del contrato.
Asimismo, no podrán imponerse al inquilino los tributos asociados a la vivienda, salvo cuando tenga la condición de obligado tributario.
Esto afecta, entre otros conceptos, al intento de trasladar al arrendatario el IBI mediante una cláusula contractual.
En cuanto a los gastos generales de comunidad, podrán pactarse por escrito, pero deberán determinarse expresamente y cumplir los requisitos establecidos en la LAU.
Los suministros individualizados mediante contador seguirán correspondiendo al arrendatario.
¿Qué deben revisar los propietarios?
Es conveniente revisar las cláusulas relativas a gastos de comunidad, IBI, tasas y otros conceptos que se hayan venido incorporando a los contratos.
No todos los gastos tienen el mismo tratamiento jurídico y no basta con incluir una cláusula genérica para que su repercusión sea válida.
- Reparaciones de la vivienda: nuevo plazo de 15 días
La reforma introduce un procedimiento específico, cuando la vivienda presenta desperfectos que afectan a su habitabilidad, seguridad o salubridad.
El inquilino podrá comunicar por escrito la necesidad de reparación y acompañar un presupuesto razonable.
Desde la recepción de esa comunicación, el propietario dispondrá de 15 días naturales para:
- Aceptar el presupuesto presentado.
- Proponer una reparación alternativa.
- Ejecutar directamente la reparación.
Si transcurre ese plazo sin respuesta o existe una negativa injustificada, el inquilino podrá ejecutar las obras necesarias y descontar su importe de las rentas futuras.
El coste deberá ser razonable, adecuado a los daños y estar documentalmente acreditado.
Esta novedad hace especialmente recomendable que, propietarios e inquilinos documenten por escrito las incidencias, comunicaciones y reparaciones realizadas.
- Nuevas condiciones para las garantías adicionales y los seguros de impago
La norma introduce precisiones sobre las garantías adicionales que pueden solicitarse al formalizar un contrato.
En los arrendamientos de vivienda de hasta cinco años, o de hasta siete años cuando el propietario sea una persona jurídica, la garantía adicional no podrá superar dos mensualidades de renta.
En los alquileres de temporada, el límite será de una mensualidad.
Además, no podrá exigirse al inquilino la contratación de un seguro de impago del alquiler ni de otras coberturas análogas.
Esto no significa que el propietario no pueda protegerse frente a posibles impagos. Puede estudiar mecanismos de garantía admitidos legalmente, siempre respetando los límites establecidos.
- Finalización del contrato: será necesario documentar el estado de la vivienda
Otra novedad importante es la obligación de dejar constancia por escrito del estado de la vivienda cuando finalice el arrendamiento y se entregue la posesión.
El documento de finalización deberá estar firmado por ambas partes.
Si no se firma este documento, o si no se reflejan desperfectos en él, se presumirá, salvo prueba en contrario, que la vivienda fue entregada en un estado adecuado de conservación.
Por este motivo, recomendamos realizar una inspección conjunta, incorporar fotografías y dejar reflejados los desperfectos que puedan existir antes de devolver las llaves.
Esta práctica ayudará a reducir las controversias relacionadas con la devolución de la fianza.
- El inquilino tendrá mayores derechos cuando el propietario quiera vender la vivienda
La nueva regulación refuerza el derecho de adquisición preferente del arrendatario.
Uno de los cambios más importantes, es que ya no se podrá pactar contractualmente la renuncia del inquilino a los derechos de tanteo y retracto.
Además, cuando una vivienda alquilada se venda conjuntamente con otros inmuebles o activos, el derecho del inquilino no desaparecerá si la vivienda puede identificarse jurídicamente de manera individual.
En estos casos, el precio imputable a la vivienda deberá determinarse mediante criterios objetivos y verificables.
Para los propietarios que estén pensando en vender una vivienda alquilada, será especialmente importante revisar las notificaciones y los plazos legales antes de formalizar la operación.
- ¿Qué ocurre con la duración de los contratos de cinco y siete años?
Este es uno de los puntos que más confusión está generando.
El Gobierno, había planteado una modificación adicional para establecer renovaciones automáticas de los contratos por nuevos periodos de cinco años, cuando el arrendador fuera una persona física y de siete años cuando fuera una persona jurídica, además de nuevas indemnizaciones en determinados supuestos de no renovación.
Sin embargo, el Congreso rechazó el Real Decreto-ley 28/2026 el pasado 12 de noviembre.
Por tanto, esa reforma no ha entrado en vigor.
Siguen aplicándose las reglas generales de duración de la LAU: un mínimo de cinco años cuando el arrendador es persona física y de siete años cuando es persona jurídica, con las correspondientes prórrogas legales.
Esto es especialmente importante, para los propietarios que tienen contratos próximos a finalizar y necesitan planificar la recuperación de sus viviendas.
- ¿Cómo afectan estos cambios al mercado del alquiler en Madrid?
Madrid, es uno de los mercados inmobiliarios con mayor demanda de vivienda en alquiler de España.
Para los propietarios, estas novedades hacen todavía más importante contar con una estrategia adecuada antes de poner una vivienda en el mercado.
No se trata únicamente de fijar un precio competitivo. También es necesario:
- Analizar correctamente el perfil del futuro inquilino.
- Comprobar su solvencia económica.
- Elegir la modalidad contractual adecuada.
- Justificar documentalmente los alquileres de temporada.
- Redactar cláusulas adaptadas a la normativa vigente.
- Establecer un procedimiento de entrega y devolución de la vivienda.
- Conocer las obligaciones fiscales y las limitaciones aplicables.
También, es importante recordar que las limitaciones específicas de las zonas de mercado residencial tensionado, solamente se aplican cuando existe una declaración oficial vigente y concurren los requisitos legales. No deben confundirse con una limitación general aplicable automáticamente a todos los alquileres de Madrid.
En definitiva, el nuevo marco normativo exige una mayor planificación y un conocimiento más preciso de las obligaciones de ambas partes.
- ¿Qué deben hacer ahora los propietarios que tienen una vivienda en alquiler?
Desde RE/MAX Action, recomendamos aprovechar este momento para revisar los contratos y procedimientos de gestión de los inmuebles arrendados.
Especialmente, recomendamos:
- Revisar los contratos de alquiler actualmente vigentes y sus fechas de vencimiento.
- Comprobar si corresponde aplicar la limitación extraordinaria de actualización de renta.
- Analizar si los contratos de temporada están correctamente justificados.
- Adaptar las cláusulas relativas a gastos, garantías y reparaciones.
- Incorporar un protocolo de entrega y devolución de llaves con documentación fotográfica.
- Revisar las condiciones de venta cuando el inmueble se encuentre arrendado.
Una correcta gestión del alquiler puede evitar problemas jurídicos y económicos tanto al propietario como al inquilino.
En definitiva, más regulación y mayor importancia de una buena gestión inmobiliaria
Los cambios introducidos por el Real Decreto-ley 29/2026, suponen una nueva modificación relevante del mercado del alquiler en España.
Las prórrogas extraordinarias, las limitaciones de actualización de rentas, el mayor control de los alquileres temporales y las nuevas obligaciones contractuales hacen que propietarios e inquilinos deban prestar más atención a las condiciones de sus arrendamientos.
Además, el rechazo parlamentario del segundo decreto demuestra que es fundamental distinguir entre las medidas anunciadas y las que realmente han entrado en vigor.
En RE/MAX Action, trabajamos para que propietarios e inquilinos puedan tomar decisiones con información, seguridad y un asesoramiento inmobiliario profesional.
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